La guerra política entre el kirchnerismo y el Gobierno de José Manuel de la Sota cumplirá un año el 10 de diciembre. Suma cada vez más frentes de batalla, con pérdidas millonarias para la Provincia y numerosas obras públicas que fueron derribadas antes de que se iniciaran, por trabas burocráticas o partidas no giradas.
Ya no hay conversaciones ni embajadores. Para los 3,3 millones de cordobeses, lo que queda es pura incertidumbre: nadie sabe hasta dónde planea llegar la Nación en el asedio financiero a Córdoba. Lo único que está claro es que todas las defensas de la Provincia saldrán de sus contribuyentes.
La institucionalidad que debería evitar la riña permanente entre dos estados se reduce hoy a dos causas judiciales –una presentada por la Provincia, por los 1.040 millones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no le giró a la Caja de Jubilaciones en 2011; la otra iniciada días atrás por la Nación contra la tasa vial– que esperan resolución en la Corte Suprema de Justicia.
La tercera demanda será presentada por Córdoba en pocos días: exigirá la restitución del 15 por ciento de la coparticipación, que todas las provincias cedieron en la década de 1990 para financiar el sistema previsional. De la Sota reclamará esos fondos ante la evidencia de que para la Nación, las 91 mil jubilaciones que paga Córdoba ya no son parte del sistema previsional argentino, sino un problema del resto de los cordobeses, esos que jamás accederán a los envidiados haberes de la Caja provincial.
Hasta los opositores a De la Sota entienden que el planteo es razonable. Pero, además, deberá ser conducente: sin esos recursos, cuesta imaginar que las debilitadas defensas financieras de Córdoba resistan tres años más de beligerancia. Santa Fe inició una demanda similar hace ya dos años.
La evolución de los hechos fue tan febril que suele olvidarse lo principal: la guerra se desató cuando De la Sota exhibió sus aspiraciones presidenciales dentro del justicialismo, es decir, desde el minuto 0 de su gestión. Se trata de un desafío intolerable para el kirchnerismo, que a diario ratifica que su límite es la actitud titubeante y silenciosa de Daniel Scioli.
Tras 12 meses de conflicto, el resultado es una paradoja: lo único que salió fortalecido en esta pelea que Córdoba viene perdiendo fue el objetivo principal del gobernador, que logró proyección nacional como opositor al kirchnerismo.
Dentro de los límites provinciales, no hay beneficios a la vista. En el momento en que la Nación cortó el envío de los fondos para la Caja de Jubilaciones, condenó a los cordobeses a pagar más impuestos: las subas generalizadas para el año próximo y la controvertida tasa vial que desde septiembre encarece los combustibles y que ahora la Nación quiere eliminar, son las consecuencias iniciales de la decisión kirchnerista de desfinanciar el generoso sistema previsional cordobés.
El diferimiento del pago de los aumentos a los jubilados y la consecuente protesta gremial es otra consecuencia de aquella medida que tomó la Nación. Los paros son para De la Sota, pese a que evitó por todos los medios una reforma en serio del sistema previsional, que sigue siendo el mayor problema propio. Cuando a los costos de la pelea se agreguen las oportunidades perdidas, esta será la más pesada.
La contienda Nación-Provincia también se cobró víctimas impensadas: los municipios. El grupo de intendentes kirchneristas crece a toda prisa, porque los envíos de la Provincia son cada vez más escasos y el salvoconducto es integrar ese listado de “localidades K” que mira la Nación para bajar obras, planes Argentina Trabaja, casas Procrear, ATN, créditos o, aunque más no sea, promesas.
Los reclamos de los intendentes por retenciones de coparticipación son millonarios y crecientes. A media lengua, Ramón Mestre el viernes criticó por primera vez a De la Sota por no escuchar. Quiso decir por no girar los fondos que el municipio considera que le pertenecen. A esa cuenta la pagan los vecinos de Capital.