El secretario de Comercio Interior tiró días atrás lo que en cualquier otra etapa histórica de este país hubiera resultado una bomba, de no ser por el “colchón” armado con el problema inflacionario y el nivel de cotización del dólar.
Moreno, en la práctica el verdadero ministro de Economía, dijo que para fin de año el dólar oficial podría rondar los seis pesos, lo que implica una devaluación del 20 por ciento de la moneda nacional. Como, según las consultoras, la inflación se ubicará en el 25 y el 30 por ciento, aun con la suba del dólar se mantendrá la pérdida de competitividad.
Pero, sea como fuere, algo es algo, y las empresas exportadoras se encontrarán con un tipo de cambio mejorado para preservar sus posiciones externas. “En algunos mercados estoy perdiendo plata, pero me costó tanto abrirlos que me peleo con mis hijos para no cerrarlos”, comentó en días pasados un industrial Pyme que exporta a Paraguay.
Antes del dólar a seis pesos, Moreno había tenido otras expresiones para analizar con lupa. Una de ellas fue la apreciación de que los salarios ya tenían una participación " fifty-fifty " en la renta del país, lo cual fue rápidamente interpretado por dirigentes sindicales como un mensaje para que limiten sus aspiraciones de aumentos salariales.
En un escenario donde se prevé una inflación del 25 al 30 por ciento, limitar los ajustes de los sueldos implicaría que otra vez los salarios pasarán a ser la llamada “variable de ajuste” de la economía. El aumento del piso mínimo para tributar ganancias relativiza, en parte, esa idea.
Cristina también volvió a hablar de la inflación, pero no para hacerse cargo de la mala praxis oficial de 2011 para acá, que genera la desconfianza motorizadora de la suba de precios, sino para buscar culpas ajenas. Las encontró en el turismo, al que apuró para que bajara los precios.
Olvidó que el turismo es una actividad absolutamente estacional, cuyo comportamiento está lejos de los cánones con los que se mueve la formación de precios a nivel industrial y comercial. El dato más saliente, tal vez, es que haya vuelto a referirse a la inflación, una forma de empezar a reconocer el problema central de los asalariados.
No menos trascendentes fueron dos decisiones adoptadas con el comercio exterior. La primera, llevar casi al máximo posible el arancel externo común para 100 posiciones arancelarias (traducido, 100 tipos de artículos diferentes) que ingresan de extrazona, es decir, aquella que no proviene del Mercosur o de países que tienen acuerdos comerciales individuales.
La segunda, la derogación de las licencias no automáticas (LNA) para la importación de 576 productos que constituyen el 10 por ciento de las compras totales que el país realiza al exterior.
¿Significa un cambio radical en la política de comercio exterior del país? Para nada. Aquellas son posiciones que no forman parte de la columna vertebral del intercambio comercial argentino. Y todavía sobreviven firmes las Declaraciones Juradas Anticipadas de Exportación, herramienta que Moreno opera a su criterio.
La única política comercial concreta y vigente de la administración central es pisar los dólares que necesita para comprar energía y garantizar como se pueda el superávit externo.´