La entonces incipiente lucha de los vecinos de aquel barrio de la ciudad de Córdoba –también pegado a campos de cultivo de soja– se inició cuando comenzaron a detectar que había una inusual cantidad de gente con cáncer y afecciones respiratorias.
Dicha norma prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas. Y restringe parcialmente las terrestres: estipula que en los 500 metros vecinos a viviendas pueden aplicarse algunos productos, pero no los de mayor riesgo tóxico. El glifosato, por ejemplo, está permitido.
Pero en muchas localidades, por varios factores, continuaron los reclamos y quejas de habitantes preocupados por los efectos para la salud. A medida que el juicio de Ituzaingó Anexo avanzaba, que se creaban colectivos como Paren de Fumigar o Médicos de Pueblos Fumigados, la gente se animó más.
Eso hizo que, en pocos años, además de la ciudad de Córdoba, otras localidades comenzaran a dictar ordenanzas que crearon zonas de protección y resguardo para las poblaciones locales. Ya son 18 en la provincia de Córdoba.
Alta Gracia es una de las últimas en sumarse, con distancias más restrictivas que la propia ley provincial.
Es la consecuencia de haber visibilizado un problema complejo, cuyas dimensiones reales aún no terminan de traducirse en certidumbres científicas incontrastables.
De allí el valor de la investigación que encaró la cátedra de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas de Córdoba, en el intento de seguir develando los alcances de este fenómeno.