Allí, los aumentos no fueron aún notificados pero irían de un 60 por ciento para los domicilios y de más de ciento por ciento para comercios e industrias. “El argumento es que se utilizan recursos de la Policía para asistir a eventos en donde las alarmas se disparan de manera falsa y demandan sobrecostos del Estado en su funcionamiento”, comentó Luis Lucca, agente instalador de varias marcas en la zona.
En Villa María, no hay centrales de monitoreo local, “sino que tercerizan ese servicio con proveedores de Córdoba capital y son ellos los que dan aviso a la Policía”, según contó un comerciante que vende alarmas. Allí, el “canon policial” ronda los 20 pesos por abonado.
En Río Tercero aún no han recibido información respecto del nuevo gravamen, según informaron en la empresa local CM24, que presta el servicio de monitoreo de alarmas. Si esto avanza, el servicio podría verse incrementado. Los importes arrancan desde 90 pesos por mes. En la ciudad hay otras dos empresas, que operan la central desde Buenos Aires.